San Andrés Islas, 18 de Abril de 2018: Tras la diversas situaciones administrativas que han afectado a la administración del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en los que se relacionan casos de presunta corrupción que comprometen de manera directa los recursos públicos, y tras la radicación de un proyecto para reformar el modelo de control fiscal del país por parte de Carlos Felipe Córdoba, Contralor General de la Republica, Franklin Amador Hawkins, Contralor General del Departamento, expresó que es una necesidad modificar la forma como se viene realizando el Control Fiscal en el país, tanto en el nivel central, como en las regiones.
“Los isleños actualmente se preguntan porque la Contraloría no tomó, no ha tomado, o no toma acciones antes de que se afecten o malgasten los recursos públicos que administran las entidades que auditamos, y esa pregunta es muy valida toda vez que esa debería ser la función de la contraloría, actuar antes de, sin embargo, hoy las acciones de las Contralorías de acuerdo a los que estipula la Ley, el Control Fiscal debe hacerse de manera posterior, lo que conlleva a que no se logre actuar en tiempos efectivos ante situación como las que vivió el departamento recientemente” explicó Amador Hawkins quien concuerda con la iniciativa presentada por la Contraloría General de la Republica.
Para Carlos Felipe Córdoba, representante del ente de control fiscal de los colombianos, el proyecto de reforma presentado recientemente ante el Congreso de la República tiene un enfoque preventivo con el fin de que la Contraloría pueda actuar en tiempos reales, buscando además recuperar la función de advertencia que en el 2015 le quitó la Corte Constitucional. Ese mecanismo, según la Contraloría, permite «alertar oportunamente sobre riesgos o daños inminentes al patrimonio público».
Entre los cambios sustanciales que se proponen en la reforma presentada, se hace referencia a la modificación del artículo 267 de la Constitución, regresándole a los entes de control fiscal su función preventiva, concomitante y posterior, evitando así que ocurran daños al erario público como presuntamente ha sucedido en el departamento durante las ultimas administraciones.
“Las Contralorías no pueden solo seguir llegando a auditar un proceso que ya se ejecutó para después mirar a ver como recupera los recursos públicos que se llevaron, el Control Fiscal debe ser desde el inicio de la ejecución del proceso contractual, es decir, no podemos seguir llegando después de ocurridos los hechos” ratificó el Contralor Departamental de los isleños.
Otro de los grandes beneficios que traería para el control fiscal el proyecto de reforma, está relacionado a la reducción del tiempo que llevan las actuaciones de gestión y responsabilidad fiscal, los cuales, en la actualidad, como ocurre en la Contraloría General del Departamento, tardan entre cinco (5) y doce (12) años para ser fallados.
“Actualmente la Contraloría General del Departamento tiene vigentes 87 procesos de responsabilidad fiscal, algunos de estos llevan mas de XXXaños, constituyéndose en uno de los problemas de fondo que lleva a que la gestión de la entidad no sea 100% eficaz, Sin embrago en la actualidad, la entidad con el recurso humano con que cuenta, el cual es reducido para auditar a sus sujetos de control, en especial Gobernación y Alcaldía, ha venido desarrollando sus procesos auditores de manera cumplida y en los tiempos que estipula la Ley” aseveró el contralor al indicar que durante 2018 se realizaron 19 auditorías y que como resultado de ello fueron identificados cerca de 90 hallazgo de los cuales nueve (9) tienen una connotación penal, 77 connotación administrativa, uno connotación disciplinaria y 3 connotación sancionatoria.
Los 87 procesos de responsabilidad fiscal que la entidad adelanta alcanza la suma de los $1.184 millones de pesos, los cuales inician apenas un largo trámite para definir su situación, que de acuerdo al actual modelo para recuperarlos, si se logra, tardaría entre unos cinco y doce años como lo indica el Contralor General del Departamento y el mismo Contralor General de la República.
Así las cosas, la iniciativa del Contralor General de la República de modificar el Artículo 116 de la Constitución, para asignar funciones jurisdiccionales a las autoridades de control fiscal, sería uno de los caminos para darle más herramientas al ente de control fiscal, tanto a nivel nacional como regional.
