Esta medida se adopta teniendo en cuenta lo dispuesto la Ley 80 de 1993 y a las medidas que se deben adoptar tras la declaratoria de la urgencia manifiesta.
San Andrés Islas, 27 de abril de 2020: Dando cumplimiento a los dispuesto en los Artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, en lo que respecta a la obligación que tienen los sujetos de control de enviar la documentación relacionada a la declaratoria de una urgencia manifiesta al funcionario u organismo que ejerzan la función de vigilar el buen uso de los recursos públicos, y tras el anuncio de la Auditoría General del República en la que empodera a los organismos territoriales de control fiscal en el país, la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, encargada de vigilar y salvaguardar los recursos públicos del departamento, se permite informar a la comunidad que viene trabajando arduamente para hacer seguimiento a los contratos que se han suscrito en el departamento y en el municipio de providencia para enfrentar la crisis del COVID-19.
“Es importante comunicarle a la comunidad que estamos haciendo el trabajo de control fiscal como nos corresponde y como lo indica la Ley, y con el respaldo y empoderamiento de la Auditoria General de la República estamos haciendo el control inmediato sobre la urgencia manifiesta y los recursos invertidos para atender la crisis, de allí que ya tengamos el consolidado de todos los contratos que ha celebrado tanto por la Gobernación de San Andrés, como la alcaldía del municipio de Providencia para enfrentar la crisis” explicó Justiniano Brown Bryan Contralor General del Departamento.
Con el respaldo, las competencias y lineamientos impartidos por la Auditoría General de la República a los entes de control en los territorios, el ente de control fiscal de los isleños obtiene la facultad de hacer un seguimiento para verificar la transparencia e idoneidad de los mismos, y si dan lugar a una revisión, serán incluidos en el Plan General Anual de Auditorias el cual ya se encuentra en la etapa de reformulación.
De acuerdo a los informes remitidos, el ente de control fiscal pudo conocer que a la fecha la Gobernación de San Andrés, mediante Decreto 128 del 18 de marzo de 2020 declaró la Emergencia Sanitaria, y bajo la figura de urgencia manifiesta ha celebrado ocho (8) contratos por valor de $5.271.832.400 pesos.
